El tema de la semana ha sido la tarjeta SUBE. Para los medios, claro. Los medios “anti” informaron sobre las largas colas y las deficiencias de la oferta y los “pro” pusieron el énfasis en el aumento de la demanda de plástico: Epa, cuánta gente! (si el estado no sabe cómo manejar a la ciudadanía, estamos fritos).
Particularmente, me interesaron algunos comentarios que tuvieron lugar en redes sociales y blogs acerca de los niveles de inmadurez e irracionalidad del pueblo argentino. Es cierto que los argentinos tomamos siempre y cada vez que tenemos la oportunidad, decisiones apresuradas. Hace poco, ocurrió algo parecido con el acopio de boletos de subte: Sálvese quien pueda! Aunque sólo sirvió para estirar la agonía, los ciudadanos mejor acomodados hicieron largas colas, soportando el particular calor bajo la tierra. En esta ocasión, y por un capricho del Gobierno Nacional, que por ser mejor que el de la Ciudad, disfraza el aumento de castigo a la no obediencia: no sacás la SUBE, entonces pagas sin subsidio. Una locura. Pero ante todo, una gran mentira. Otra. ¿Cómo lograría el Estado minimizar nuestras pasiones? ¿Nos considera inteligentes? ¿Puede, en particular el kirchnerismo, ayudarnos a reflexionar? ¿Aunque más no sea, podrá obligarnos? ¿Puede algún gobierno?
Como se ha dicho, las opiniones sobre la premura para hacerse de una tarjeta fueron variadas, aunque en ningún momento se oyó alguna voz sobre la falta en la que incurría el Estado al no proporcionar toda la información necesaria. Es decir, si de algo no se habló esta semana, fue de la importancia de la información. No se tuvo en cuenta la relación de un hecho tan simple con las bondades de contar con una ley de acceso a la información pública. Hace tanto tiempo que está dando vueltas en el Congreso. México tiene su ley, Colombia, Perú y hasta Antigua y Barbuda. La Argentina, Bolivia y Guatemala están en deuda con su pueblo. En nuestro país contamos con un decreto presidencial, el 1172/03. E indirectamente, con artículos de la Constitución Nacional, como el 1, 14, 33, 41, 42 y 75 inc 22. El artículo 4º del Anexo VIII de dicho decreto presidencial indica que: “La finalidad de las Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de Servicios Públicos es permitir una efectiva participación ciudadana para juzgar adecuadamente los reales motivos por los que se adoptan las decisiones que afectan a los usuarios”. Me recuerda las Audiencias Públicas “fantasmas” de la ley de medios.
El derecho a la información es un derecho humano fundamental en las sociedades democráticas. La información es fundamental para que los ciudadanos mejoren su calidad de vida y tomen decisiones. Como señala la organización ARTICLE 19: (…)“implica que las personas pueden obtener información que se encuentra en poder de entidades estatales y empresas que presten un servicio público o exploten un bien de dominio público” (http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/latin-am-access-public-info.pdf)
La calidad de vida de un pueblo no se mejora solo con autos, licuadoras y fútbol. Un tema que ni el “monopolio” trató. Quizá porque es un tema muy elevado. Difícil de tratar con boludos.
